Las acciones represivas de los cuerpos policiales durante los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989, denominado el Caracazo, que cobró la vida de mujeres y hombres a juicio de la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, fueron calladas por los medios de comunicación privados.

Para la época –indicó- existía un matrimonio entre los medios de comunicación y el gobierno, "los medios se esmeraban en ocultar, maquillar y enterrar cualquier cosa que afectará al gobierno explotador y violador de los derechos humanos".

En ese momento la premisa era rescatar lo material y aplastar la protesta popular con rostro de niños, mujeres y hombres que perecieron asesinados por la brutal acción del gobierno de la época, señaló, al destacar que existe material estremecedor sobre esos sucesos.

En la actualidad, manifestó que Venezuela cuenta con instituciones que resguardan los derechos humanos, que anteriormente no existían, por lo que muchos de los casos fueron ignorados debido a la participación de los organismos de investigaciones en estos hechos. "Muchas de estas fuerzas salieron a la calle y la orden era asesinar a la gente", señaló.

Ramírez comentó que el país tuvo que esperar años para que la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) remitiera el caso ante la corte, y hacer del conocimiento de esta instancia la situación.

De acuerdo con los informes manejados sobre los sucesos de la época, las balas estaban dirigidas a la cabeza y al abdomen de las víctimas, por lo que en ningún momento se puede presumir defensa propia o que se trataba de neutralizar acciones violentas, ya que el objetivo era segar la vida de las personas, signos que prevalecen en la mayoría de los cadáveres del 27 de febrero.

La Defensoría del Pueblo elaboró en el año 2007 un informe que permitió que el Presidente de la República indemnizara a 135 familias, pese a no existir una sentencia definitivamente sobre estos casos, ya que la medida emitida por la CSJ era indemnizar a las personas sobre las cuales había una posición judicial firme.

Cecilia Sosa encubrió la verdad sobre el Caracazo
La antigua magistrada de la Sala Político Administrativa del TSJ, Cecilia Sosa, asumió los casos del Caracazo para tapar la verdad, acción que a juicio de Ramírez la hizo merecedora de la presidencia de este órgano judicial, al encubrir los autores materiales de las muertes de miles de venezolanos el 27 de febrero.

Ramírez explicó que pese a no tener competencia sobre el tema, por ser de carácter penal, al no haber sido calificado como violación de los derechos humanos para el momento, solicitó el abocamiento con la intención de guardar todos los expedientes, cuyo destino y pruebas se desconocen.

Una de las principales "defensoras" de la democracia y críticas del tema de derechos humanos, fue la persona que se abocó todos los casos del 27 de febrero sin tener la competencia, aunque contará con la facultad, para generar el manto de impunidad sobre estos hechos, puntualizó.
 

RNV